El domingo por la noche después de una jornada convulsa Luigi Di Maio evocó un eventual proceso de destitución contra el jefe del Estado, Sergio Mattarella. “Pido llevar al Parlamento esta crisis institucional, utilizando el artículo 90 de la Constitución”, dijo en el programa Che tempo che fa de la televisión pública.
Ese artículo en cuestión contempla la posibilidad destituir al presidente de la República si incurre en “alta traición” o “atentado a la Constitución”. La intención de los grillinos sería la de acusar a Sergio Mattarella, que en su día fue juez del Tribunal Constitucional, de abusar de sus poderes al oponerse al nombramiento del euroescéptico Paolo Savona, propuesto por la Liga como ministro de Economía.
Sin embargo, la opinión más difundida entre los constitucionalistas consultados es que en la actuación del jefe del Estado no se aprecia ningún atisbo que pueda llevar a sustentar una moción de sustitución por excederse de sus funciones. Tal y como recoge el artículo 92 de la Carta Magna italiana, el presidente de la República “es el encargado de nombrar al presidente del consejo –Giuseppe Conte en este caso- y a propuesta de este, a los ministros”. La mayoría considera que ahora se trata de una cuestión política y no técnica.
El procedimiento es considerablemente complejo y contempla tiempos muy dilatados. Primero debe registrarse una petición formal de juicio político ante el presidente de la Cámara de los diputados, aportando pruebas que la sustenten; después tiene que pasar por varias comisiones creadas ad hoc para valorar su viabilidad; superado este proceso, se presenta ante el Parlamento para que vote a favor o en contra a través de escrutinio secreto. Si de ahí obtuviera el voto favorable –improbable en ese caso porque necesita una amplia mayoría política que en este caso no existe- pasaría al Tribunal Constitucional, que se debería reforzar con 16 miembros agregados expresamente para poder comenzar el juicio, una vez que el Parlamento haya elegido a los miembros que sustentarían la acusación popular. Aunque algunos partidos han amagado con iniciar un proceso de destitución contra el presidente de la República -en otros casos que no guardan ninguna similitud con el actual- en la historia de la República italiana nunca se ha pasado de las amenazas y las tentativas nunca han llegado a buen puerto.
Aunque no sería la primera vez que el Movimiento 5 Estrellas formaliza en el Parlamento una petición de este tipo. Su historial con las instituciones ya contempla un intento de juicio político contra un presidente de la República. En 2014 acusó a Giorgio Napolitano de atentado contra la Constitución y de excederse en su mandato y orquestar la campaña que acabó con el tecnócrata Mario Monti al frente del Gobierno, entre otros. Pero la iniciativa fue archivada un mes después por el comité que examinó la propuesta en primera instancia.
En 1978 Giovanni Leone, en el punto de mira en aquella época por el escándalo Lockheed, relativo a la compra ilícita de aviones a Estados Unidos, dimitió después de que el Partido Comunista italiano anunciara sus intenciones de presentar una moción de destitución y antes de que se formalizara el proceso.
En 1991, el PDS y Rifondazione Comunista iniciaron un juicio político basado en 29 acusaciones contra Francesco Cossiga, entre las que se incluía su presunto apoyo a la organización secreta Gladio, creada para hacer frente al comunismo. El Parlamento terminó rechazando la iniciativa al considerar que las denuncias eran infundadas, pero un año después Cossiga dimitió dos meses antes del fin natural de su mandato, sin proceso de destitución de por medio.
En las últimas horas, el Movimiento Cinco Estrellas no ha vuelto a pronunciarse al respecto, lo que hace pensar que su amenaza de impeachment se trate solo de un órdago propagandístico.
