Cuando se cumplen dos meses del inicio de las protestas en Nicaragua contra del Gobierno del presidente Daniel Ortega, la violencia se recrudece. Desde que comenzó la ola de protestas y la represión el pasado 18 de abril el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha registrado al menos 178 muertos y más de 1.000 heridos. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han alertado de posibles ejecuciones extrajudiciales y han instado al Gobierno de Ortega a cesar la represión contra los manifestantes. La Iglesia católica está mediando en un diálogo para encontrar una salida pacífica a la crisis política. Mientras, los nicaragüenses siguen saliendo a las calles para pedir el fin de la violencia y una nueva etapa en el país. Estos son algunos de los hitos:
18 de abril. Protesta y represión
Las protestas comenzaron después del anuncio de una reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), impuesta por decreto por el presidente Ortega, que aumentaba las contribuciones de trabajadores y empresarios e imponía una retención del 5% a los jubilados. La institución estaba al borde de la quiebra por mala gestión. Esta imposición fue el detonante de un descontento que se ha ido fraguando después de 11 años del presidente sandinista que ha gobernado Nicaragua a golpe de decretos, con un férreo control del Ejército y la Policía, y ayudado por el derroche de la cooperación venezolana, como explica el periodista de EL PAÍS Carlos Salinas.
Grupos de jubilados, empresarios y universitarios que salieron a protestar contra el paquete reformista fueron amedrentados por miembros de la Juventud Sandinista, simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación (FSNL) y grupos de desconocidos en moto —algunos con camisetas con logos gubernamentales— atacaron a los civiles. Ocho personas resultaron heridas, incluidos varios periodistas.
13 de junio. Pulso a Ortega
La patronal de Nicaragua convoca una huelga nacional para presionar a Ortega. Exige al mandatario que cese la represión y acepte negociar su salida pacífica de la crisis y pide una agenda de “democratización” y su renuncia y adelanto de las elecciones. Calculan que la crisis ha causado pérdidas de 600 millones de dólares al país.
15 de junio. Vuelta al diálogo
La Conferencia Episcopal de Nicaragua anuncia la reanudación de las conversaciones. El gobierno y la oposición acuerdan invitar a observadores internacionales de derechos humanos para investigar las muertes violentas. Al día siguiente, avanzan agenda de democratización del país, que incluye la propuesta de adelantar las elecciones presidenciales de 2021 a marzo de 2019.
17 de junio. La violencia continúa
Horas después de que se firmen los primeros acuerdos, seis miembros una familia –incluidos dos niños- murieron calcinados en un ataque a su vivienda. Los testigos aseguran que el ataque lo cometieron grupos “parapoliciales” del Gobierno. “Este crimen revela un escalamiento de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). La organización lamenta que en estos 60 días otros 12 menores han sido asesinados.
18 de junio. Comisión internacional
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, plantea que la situación en Nicaragua "bien podría merecer" la creación de una investigación internacional.
