Por fin afloraron las propuestas en el tercer debate electoral rumbo a las presidenciales mexicanas del próximo 1 de julio. El de anoche fue el primer cara a cara de la campaña en el que las siempre presentes descalificaciones personales cedieron terreno en favor de las soluciones —aunque poco, muy poco novedosas: todas estaban ya en sus programas electorales—para los principales problemas del país: salud, educación o pobreza. Sin embargo, la concreción fiscal sobre cómo se financiarán todas ellas brilló por su ausencia: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade evitaron ofrecer un cálculo detallado sobre la forma en la que pagarán sus promesas y todo ellos rechazaron por elevar los impuestos, pese a que México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina en los que la carga tributaria es más baja.
El candidato que más opciones tiene de ganar las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que todas las medidas sociales incluidas en su programa electoral —2.300 pesos (11 dólares) mensuales a los más de dos millones de jóvenes mexicanos que ni estudian ni trabajan; una subida de los salarios públicos más bajos, como los de los enfermeros— se financiarán gracias a los réditos del combate contra la corrupción, que cifra en 500.000 millones de pesos al año, y a la supresión de privilegios y al recorte de los sueldos más altos de la Administración, un plan de austeridad que daría, según sus cálculos, otros 200.000 o 300.000 millones cada ejercicio. Un número no menor de economistas consideran que la única forma de cumplir sus promesas es elevando la recaudación fiscal, pero el líder de Morena ha repetido, por activa y por pasiva, que durante su mandato no habrá aumentos de impuestos. “Simplemente no se puede”, critica Valeria Moy, del think tank económico de México cómo vamos. “Me parece un gran engaño decir que todo se resuelve eliminando la corrupción, como si apareciese una bolsa multimillonaria que permitirá elevar el gasto público”.
Ricardo Anaya, por su parte, repescó ayer una propuesta de la que hizo gala en los meses de precampaña e intercampaña, pero que había dejado de lado en las últimas semanas: el ingreso básico universal, que otorgaría a todos los mexicanos, por el mero hecho de serlo, una cantidad fija de dinero todos los meses. La medida es viable siempre que su cuantía no sea muy elevada y, sobre todo, si se acompaña de una subida de impuestos. Si no, sería imposible cuadrar las cuentas a corto plazo. Todo, a pesar de que conllevaría el fin de algunas prestaciones sociales, lo que aliviaría el gasto público. Salomón Chertorivski, el principal asesor económico del cabeza de cartel de Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) ha rebajado la medida a un programa piloto que, con el tiempo, acabaría convirtiéndose en la citada renta básica de cobertura universal.
El político panista tampoco detalló anoche cómo hará posible su promesa de elevar hasta el 5% la inversión pública -dos puntos porcentuales por encima de la cifra actual- más allá de ofrecer su compromiso de “disminuir el gasto corriente”; ni cómo hará para sustituir los ingresos que recibe el Estado una vez se excluya del pago del impuesto sobre la renta a quienes cobren menos de 10.000 pesos (484 dólares) al mes. Tampoco cómo hará para reducir el impuesto especial sobre los carburantes (el IEPS) para que así baje el precio de la gasolina o para garantizar que todos los mexicanos “cuenten con una tableta o celular [teléfono móvil].
El tercer presidenciable en discordia, el ex secretario (ministro) de Hacienda priista José Antonio Meade abogó en el cara a cara de ayer por “crear estancias, guarderías y escuelas de tiempo completo y con alimentación”; becar a miles de mujeres para que puedan terminar la secundaria y la preparatoria (bachillerato); y “pagar mejor a los maestros”, sin mayor concreción. También que la seguridad social sea deducible para los empleadores, una propuesta que mermaría la recaudación fiscal del Gobierno federal.
Pero ni Meade ni el resto de candidatos punteros defendieron ayer —ni en lo que va de campaña electoral— un solo aumento de impuestos. Todo, a pesar de sus costosas propuestas y de que México es el país de la OCDE que menos impuestos recauda en relación al tamaño de su economía: el 17,2% de su PIB, la mitad de la media de todo el club. El segundo y el tercer país por la cola, Irlanda y Turquía, obtienen, respectivamente, el 23% y el 25,5% de su PIB por la vía fiscal. La foto es similar si se compara frente al resto de América Latina, economías con las que México es mucho más comparable: el país norteamericano es el sexto que menos recauda, solo por delante de Guatemala, República Dominicana, Venezuela, Perú y Panamá, a pesar de la reforma fiscal de 2013 que elevó notablemente la recaudación. También es uno de los que menos cierra la brecha de desigualdad por la vía fiscal, según las cifras de la propia OCDE. Un agujero sin respuestas de los presidenciables. “Es profundamente irresponsable no tocar el tema, pero están en campaña y no quieren proponer impuestos porque no vende, independientemente de que luego lo tengan que hacer”, cierra Moy.
