El camino para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina el futuro de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa se allana, luego de que esta semana un magistrado del Tercer Tribunal Unitario resolviera la imposibilidad jurídica de esa comisión.
Este pronunciamiento abre la puerta para que la Suprema Corte se haga cargo del asunto a través de un incidente de inejecución de sentencia, a pesar de que la semana pasada el Tercer Tribunal Colegiado de Reynosa, en Tamaulipas, dijo, a través de un acuerdo, que ni la Suprema Corte podía echar atrás su sentencia. Cabe recordar que un tribunal federal ordenó la creación de una comisión de la verdad para reponer la investigación del caso Ayotzinapa por considerar que la indagatoria de la PGR incurrió en violaciones a los derechos humanos de los inculpados y favorecer a siete presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron su participación en la desaparición de los 43 normalistas.
Tras el fallo, la PGR señaló que esperará a que los ministros de la Corte determinen los alcances de esta resolución que violenta de manera clara y directa la Constitución mexicana, sobre todo el artículo 21, que establece que de manera exclusiva le corresponde al Ministerio Público y a las policías, la investigación y persecución de los delitos.
La Procuraduría aseguró que la sentencia que emitió el tribunal de conformar una comisión de la verdad, viola diversos artículos de la propia Constitución, el artículo 19 y 49 que se refiere a la división de poderes, al artículo 16 que establece el principio de legalidad, pero también el artículo 21 que establece con mucha claridad que de manera exclusiva le corresponde al Ministerio Público y a las policías, la investigación y persecución de los diversos delitos.
El pasado miércoles, el magistrado Sabino Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario, también de Reynosa, resolvió que existe imposibilidad jurídica para constituir esa comisión que soslaya la función del ministerio público y otorga a los familiares afectados y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la conducción de la investigación.
Es decir, declaró procedente el incidente de imposibilidad real, jurídica y material que promovió la Procuraduría General de la República en el juicio de amparo de Patricio Reyes Landa, "el Pato", quién según la investigación habría interrogado a los normalistas y ejecutado a cuatro de ellos en el basurero de Cocula, Guerrero.
La PGR ha venido argumentando que la comisión de la verdad invade las facultades de investigación que le confiere la Constitución al Ministerio Público.
Piden organizaciones sociales pronta resolución
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, así como diversas organizaciones sociales se pronunciaron porque sea la Suprema Corte la que resuelva en definitiva si la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del Caso Ayotzinapa es viable o no jurídicamente.
Las organizaciones sociales lamentaron que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito haya sucumbido a las presión del gobierno federal que interpuso mas de 100 recursos y escritos jurídicos contra la creación de la comisión de la verdad, y que ahora sea la SCJN la que decida.
Padres de familia de los normalistas recalcaron que dicha resolución es consecuencia de una acción inédita del gobierno al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos.
