Una juez española propuso juzgar a varios exdirectivos de banca de la región valenciana, por un caso de "desfalco", con un perjuicio de 750 millones de euros, ocasionado por medio de préstamos concedidos al proyecto Grand Coral en México.
En concreto, se trata de los expresidentes de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas y Antonio Tirado, respectivamente, y otras 46 personas, según un auto de la magistrada Carmen Lamela.
La juez de la Audiencia Nacional española percibe "indicios suficientes" de una supuesta administración desleal y blanqueo por parte de los procesados.
Entre 2005 y 2009, los exdirectivos bancarios actuaron como "financiadores" para favorecer económicamente, de modo sistemático e injustificado, a varios empresarios, incluidos en la misma causa y promotores de un proyecto que requirió de inversiones muy diversas en México y de "enorme magnitud económica".
La juez enfatiza el papel activo de Olivas en esta trama, pues no sólo conocía, sino que alentaba los desembolsos a los tres empresarios, los hoteleros españoles Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch.
Estos, añade la juez, pagaron al expresidente de Bancaja hasta catorce viajes a Cuba por motivos de ocio.
Lamela sigue así el criterio de la Fiscalía, que cargaba además contra integrantes del consejo de administración que votaron favorablemente los acuerdos relativos al grupo Grand Coral, la adquisición de las fincas Zacatón y Piedras Bolas en Baja California, y Vinoramas, en la Riviera Maya, así como en la refinanciación de la deuda del grupo.
Entre las operaciones sospechosas, la juez resalta el proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que los hoteleros obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares sufragados por Bancaja y Banco de Valencia.
Ese dinero fue trasferido, supuestamente, a sus cuentas en Andorra en una maniobra que podría ser constitutiva de blanqueo de capitales, y en la que estarían implicados otros exdirectivos.
