La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó el proyecto del ministro José Fernando Franco González que proponía amparar a la organización “El Poder del Consumidor” que impugnó la norma que regula el etiquetado en bebidas azucaradas, por lo que será la ministra Margarita Luna Ramos la encarga de elaborar un nuevo proyecto.
Tras la resolución, Javier Zuñiga, abogado del Poder del Consumidor, lamentó la decisión de los ministros, “la academia ya se pronunció respecto a este tema, y hay evidencias científicas que avalan que se debe cambiar el etiquetado en bebidas azucaradas, también está la resolución del juez, por lo que creemos que dentro de la discusión hay una cuestión procesal que quieren tener claro los ministros”.
En 2015, mediante un amparo interpuesto por el Poder del Consumidor, el juez Octavo de Distrito resolvió que el etiquetado de alimentos emitido por la Cofepris viola derechos humanos, tales como el derecho a la salud y el derecho a la información de los consumidores, decisión que fue apelada por el gobierno federal, por lo que el proceso se fue a un Tribunal Colegiado de Circuito, quien decidió que, debido a la importancia y trascendencia del caso, debería ser la Corte quien lo resolviera.
En sesión de este miércoles, los ministros Eduardo Medina Mora, Javier Laynez, Potisek Margarita Luna Ramos, y Alberto Pérez Dayan votaron en contra del proyecto del ministro Franco que respaldaba la sentencia del juez.
Funcionarios del alto tribunal, explicaron que el proyecto se desechó en su totalidad, por lo que será la ponencia de Magarita Luna Ramos la encargada de elaborar un nuevo proyecto que será presentado ante integrantes de la segunda sala.
Tras el falló, Javier Zuñiga, abogado del Poder del Consumidor, -quién estuvo en la sesión- dijo en entrevista que ya la academia se pronunció respecto a este tema, y hay evidencias científicas que avalan que se debe cambiar el etiquetado en bebidas azucaradas, “está la resolución del juez, por lo que creemos que dentro de la discusión hay una cuestión procesal que quieren tener claro los ministros”.
Recalcó que no ve una afectación a las empresas el que informen sobre los azúcares añadidos estableciendo un consumo diario no mayor a 200 kilocalorías, y si un beneficio a los consumidores.
En la sesión también estuvieron representantes del Consejo Mexicano de la Industria de productos de Consumo.
