Este viernes fue avalado por el Congreso uruguayo una ley que garantiza los derechos y otorga beneficios a las personas travestis, transexuales y transgénero.
El proyecto, que ya había sido aprobado en el Senado, se transformó en ley al ser sancionado por la Cámara de Diputados por 62 votos a favor de los 88 presentes en el recinto la noche del jueves. La iniciativa recibió la aprobación de la oficialista coalición de izquierda Frente Amplio y de buena parte de la Oposición.
Según la ley, las personas trans tendrán derecho a operarse para adecuar su identidad sexual y el Estado se hará cargo del costo de esas cirugías. Lo mismo ocurrirá con los tratamientos hormonales que necesiten.
Además, el 1 por ciento de los cargos nuevos cargos públicos se destinarán a personas trans durante los próximos 15 años y se le dará acceso a este colectivo a cursos de capacitación laboral.
Entre sus fundamentos la ley señala que hay evidencia empírica que corrobora que el colectivo de personas trans, de apenas 940 integrantes según datos oficiales, ha sufrido una discriminación histórica que es necesario corregir.
El 60 por ciento de la población trans en Uruguay no termina el ciclo educativo básico porque abandona el sistema de enseñanza a una edad promedio de 14 años y el 67 por ciento termina ejerciendo la prostitución como salida laboral, dijeron los legisladores oficialistas.
Los trans que hayan sido perseguidos durante la dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1985 recibirán una pensión de unos 11 mil pesos mensuales (unos 340 dólares). Varios legisladores de la oposición que apoyaron el proyecto en general, no votaron este artículo.
Otras dos disposiciones que la Oposición rechazó en forma unánime son las que permiten que menores de entre 16 y 18 años se realicen tratamientos hormonales y se cambien de nombre sin contar con el consentimiento de sus padres.
En un primer momento, el proyecto también permitía que los adolescentes de entre 16 y 18 años se cambiaran de sexo mediante una operación, aun sin tener el consentimiento de sus padres, pero las críticas de la opinión pública y diferencias internas del oficialismo terminaron por borrar ese artículo.
Los trans que hayan sido perseguidos durante la dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1985 recibirán una pensión de unos 11 mil pesos mensuales (unos 340 dólares). Varios legisladores de la oposición que apoyaron el proyecto en general, no votaron este artículo.
Otras dos disposiciones que la Oposición rechazó en forma unánime son las que permiten que menores de entre 16 y 18 años se realicen tratamientos hormonales y se cambien de nombre sin contar con el consentimiento de sus padres.
En un primer momento, el proyecto también permitía que los adolescentes de entre 16 y 18 años se cambiaran de sexo mediante una operación, aun sin tener el consentimiento de sus padres, pero las críticas de la opinión pública y diferencias internas del oficialismo terminaron por borrar ese artículo.
