La Corte Suprema de Justicia de Argentina dio luz verde para que la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín continúe con la investigación sobre la multimillonaria condonación con la que el gobierno de Mauricio Macri intentó beneficiar al conglomerado empresarial Grupo Macri, propiedad de la familia del presidente.
Los cinco integrantes de la Corte Suprema firmaron el rechazo al recurso interpuesto por el abogado Jaime L. Kleidermacher, quien había pedido apartar a Boquín de la causa.
En consecuencia, la fiscal pedirá medidas de prueba a las que la familia presidencial se resiste, como el peritaje de balances contables.
De acuerdo con un despacho informativo de la agencia Notimex, esa causa inició en febrero del año pasado, cuando el periodista Ariel Lijalad reveló que el gobierno había firmado un acuerdo para que el Correo Argentino, propiedad de los Macri, pagara una deuda que mantenía con el Estado desde 2001.
Dicho acuerdo se firmó en junio de 2016, apenas seis meses después de que Macri asumiera como presidente, y permitía que la empresa familiar pagara 300 millones de pesos por el capital de su deuda, más 300 millones de pesos de intereses, pero nada de eso se informó públicamente.
Al investigar el caso, la fiscal Boquín consideró que esta cifra, equivalente entonces a unos 37 millones de dólares, en realidad era una condonación y no un pago, ya que implicaba una rebaja de 98.8% de la deuda original dado el tiempo transcurrido (16 años).
Un análisis técnico ordenado por la fiscal concluyó que en valores actualizados la deuda equivalía a cuatro mil 277 millones de pesos (unos 285 millones de dólares) y crecía hasta los 70 mil millones de pesos, porque ese sería el monto en 2033, año en el que se pagaría la última cuota acordada.
El escándalo creció de tal manera que el presidente fue imputado judicialmente y su popularidad se vio afectada, por lo que tuvo que anunciar la cancelación del acuerdo y el reinicio de las negociaciones para resolver la deuda del Grupo Macri con el Estado, que hasta la fecha no se ha resuelto.
Desde entonces la causa judicial no había tenido avances significativos, hasta la semana pasada que el fiscal Gerardo Pollicita pidió indagar al ministro de Defensa y exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; al exencargado del área de Legales del Ministerio de Comunicaciones, y a los exdirectivos de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher.
En el fallo que elevó al juez Ariel Lijo, el fiscal consideró que “existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo fue espuriamente concebido, a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada comprometiendo abusivamente al Estado Nacional”.
La negociación, agregó, abrió la posibilidad concreta “de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente 15 años”.
Pollicita precisó que el acuerdo permitió que “intereses particulares se colaran en el proceso de toma de decisiones gubernamentales en detrimento de la administración pública”.
La causa de la deuda del Correo Argentino es uno de los casos más emblemáticos de los conflictos de intereses en que se ha visto envuelto el gobierno macrista, debido a que la mayoría de sus integrantes, empezando por el presidente, provienen de la iniciativa privada.
