Representantes de las comunidades indígenas de Morelos, Tlaxcala y Puebla que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM) presentaron este martes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una solicitud de medidas cautelares para detener la consulta pública anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la construcción o no de la termoeléctrica de Huexca.
Tras entregar el documento en la sede de la CNDH, Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, indicó que personal del organismo se comprometió a dar una rápida respuesta, pues el gobierno federal pretende aplicar la consulta el sábado 23 y domingo 24 de febrero.
Para los opositores al PIM, la consulta de López Obrador no cumple con los estándares internacionales, es inequitativa y "anticonstitucional" ya que podrá participar en ese ejercicio cualquier persona, y no directamente los habitantes de la región afectada por la construcción del proyecto, que también incluye un gasoducto y un acueducto.
En primer lugar, dijo Flores Solís, el planteamiento presidencial vulnera el derecho de las comunidades indígenas a una consulta libre, previa, informada, como se establece en el orden jurídico internacional y la Recomendación General 27 de la CNDH sobre esta garantía para los pueblos originarios. Además que la consulta anunciada por el mandatario federal estaría dirigida a toda la población, cuando debería ser exclusivamente para los habitantes afectados de las tres entidades.
Asimismo, incumple con la Recomendación 3/2018 del organismo nacional donde entre otras se le pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -que lidera el proyecto de la termoeléctrica de Huexca- emitir un análisis sobre los riesgos volcánicos que implicaría la construcción del proyecto y los peligros que esto puede acarrear para las comunidades. "Llama a consultar un proyecto que hasta ahora no nos han demostrado que sea seguro".
Otro elemento que consideraron atentatorio de sus garantías fundamentales es que la consulta promovida por el gobierno federal sólo da información de este ejercicio, pero no profundiza en el proyecto ni en las consecuencias que tendrá.
El activista informó que ayer se presentaron tres amparos, uno por cada estado afectado, contra el PIM y la consulta presidencial, y están a la espera de que la justicia emita su resolutivo al respecto.
A nombre de las comunidad afectadas, exhortó a López Obrador a "recapacitar" y suspender la construcción de la termoeléctrica y del PIM, a fin de garantizar los derechos de las más de 100 comunidades indígenas que podrían ser afectadas directa o indirectamente.
