La prohibición fue dictada por la Secretaría de la Función Pública, que acusa a una unidad local de la constructora brasileña de presentar información falsa durante modificaciones a un contrato de construcción. Otra unidad de Odebrecht fue sancionada por realizar cobros en exceso a una subsidiaria de Pemex. México ya había prohibido en 2018 a entidades de gobierno hacer negocios con la constructora por dos años y medio tras aplicar multas por más de 50 millones de dólares.
