El despacho británico Sports Resolutions desestimó las pruebas que presentó la defensa de Lupita González –incluidos documentos notariales apostillados–, y sólo valoró las de Arturo Colín, investigador privado, contratado por la Unidad de Integridad de Atletismo, durante la audiencia que falló por suspender cuatro años a la atleta por presencia de trembolona en su cuerpo; según consideró Luis Jiménez, quien llevó el caso de la marchista, hasta este fallo.
“Las pruebas de ese investigador se fundaron en hechos ilegales y mentiras, que no fueron probados en la audiencia. El investigador se hizo pasar por abogado de Lupita para obtener información, por integrante de su equipo médico, por representante del Comité Olímpico Mexicano, usurpando cargos y con mentiras“, comentó Jiménez a El Heraldo de México.
Los legistas mexicanos llevaron documentos apostillados para certificar la existencia y ubicación de los lugares donde la marchista comió y pudo ingerir carne contaminada.
“Nos apegamos a las cosas cómo pasaron. El investigador dio pruebas falsas valoradas por el árbitro. El investigador hace una interpretación de que era imposible que Lupita comiera en Picaña Grill, porque estaba cerrado hace cuatro años, o que el que hay está en Veracruz, pero no investigó que es un foodtruck”, agregó Jiménez.
Según los abogados, la versión que dio la mexiquense no se contradice, sino complementa su declaración preliminar.
A su vez, la parte defensora explicó que no se consideró el informe médico proporcionado por el doctor Héctor Martínez, en el que se explica la posibilidad de que el positivo sea por contaminación de carne. “Hay un acoso en contra de la atleta por parte del abogado Tony Jackson, que desde el principio le habló de forma amenazante”, expresó.
Presentar la querella en un despacho privado era parte del proceso, antes de llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo, al que González Romero puede presentar un recurso de apelación hasta la primera semana de junio de 2019.
