La Justicia de Argentina sumó una nueva acusación contra la expresidenta Cristina Fernández, ahora como jefa de una asociación que habría recaudado fondos ilegales, cartelizado la obra pública y promovido la corrupción en peajes.
Con los nuevos cargos, Fernández acumula 13 procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva, en un proceso que lleva el juez federal Claudio Bonadio contra ella, empresarios y exfuncionarios públicos.
Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo se centraron en los presuntos sobornos que empresarios de la obra pública habrían pagado para obtener contratos con el Estado.
Varios exdirectivos de Vialidad Nacional fueron detenidos por acusaciones de ser partícipes de la maniobra que instauró un sistema de “cobro de fondos ilegales a través de la obra pública”.
En la llamada “causa de los cuadernos”, la Dirección de Vialidad Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015.
Para este expediente fue clave la confesión de Carlos Wagner (ex titular de la Cámara de la Construcción), que detalló cómo funcionaba la cartelización de la obra pública, y también el testimonio del financista Ernesto Clarens, que entregó un listado de empresas que pagaban sobornos a exfuncionarios para garantizarse obras.
La maniobra se desplegó desde el Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, “para procurar la afluencia de dinero”.
Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.
