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Tras la reveladora exclusiva del diario El Mundo sobre las conversaciones grabadas a Aranda y Raúl Bravo, la Operación Oikos refuerza su rumbo ante lo que parece un caso de corrupción deportiva incontestable. Estas son las principales preguntas que surgen después de leer titulares como "había siete jugadores, nada más".
¿Cuál es el siguiente paso que dará la investigación?
Ahora mismo el caso está en fase de Instrucción. El juez Ángel de Pedro ya ha interrogado a los principales sospechosos y, de esos testimonios, debe decidir si solicita alguna prueba más o inicia un procedimiento abreviado para ir a juicio. A lo largo de todo este proceso, en algún punto, se levantará el secreto de sumario y eso hará que se conozcan los detalles de más de seis meses de escuchas telefónicas a los dos principales investigado: Aranda y Raúl Bravo, sus conexiones con los demás (Íñigo López, Borja Fernández, Agustín Lasaosa, doctor Galindo) y posibles nuevos investigados que sean llamados a declarar.
¿Puede perder puntos el Valladolid o el Valencia a la luz de estos testimonios?
Puede, pero no parece nada probable. Tendría que demostrarse (no ahora, en la fase de Instrucción, sino después en el juicio) que el amaño ha sido realizado con conocimiento de club, para una obtención de alguna ventaja deportiva y no, como parece, para el lucro de algunos jugadores de forma ajena al Real Valladolid. Es decir: el caso tendría que llegar a juicio, y probarse que el Valladolid tenía conocimiento del presunto amaño. Si en un proceso penal, un club (como persona jurídica) queda exonerado de cualquier culpa, es "ciencia ficción jurídica"sancionarle después en la justicia deportiva con la pérdida de puntos o incluso un descenso.
El artículo 75 del Código Disciplinario de la RFEF habla de pérdidas de hasta 6 puntos en casa de jugadores que se hayan "vendido". Este punto está pensado, en origen, para luchar contra los maletines y las primas a terceros, pero en una caso de amaño por apuestas, como parece ser este, una sanción de seis puntos menos contra el club tendría poco sentido y sería muy fácil de revertir en la justicia ordinaria.
Otra cosa es que, durante el juicio, se prueben o queden demostrados esos puntos en los que se habla de que al Valladolid, presuntamente, ya le habrían ofrecido una prima anteriormente por ganar. De ese hilo sí se puede tirar y encontrar un posible amaño deportivo. En uno de apuestas, castigar al club es poco menos que imposible si no puedes demostrar su conocimiento y participación en el delito.
Puede, pero no parece nada probable. Tendría que demostrarse (no ahora, en la fase de Instrucción, sino después en el juicio) que el amaño ha sido realizado con conocimiento de club, para una obtención de alguna ventaja deportiva y no, como parece, para el lucro de algunos jugadores de forma ajena al Real Valladolid. Es decir: el caso tendría que llegar a juicio, y probarse que el Valladolid tenía conocimiento del presunto amaño. Si en un proceso penal, un club (como persona jurídica) queda exonerado de cualquier culpa, es "ciencia ficción jurídica"sancionarle después en la justicia deportiva con la pérdida de puntos o incluso un descenso.
El artículo 75 del Código Disciplinario de la RFEF habla de pérdidas de hasta 6 puntos en casa de jugadores que se hayan "vendido". Este punto está pensado, en origen, para luchar contra los maletines y las primas a terceros, pero en una caso de amaño por apuestas, como parece ser este, una sanción de seis puntos menos contra el club tendría poco sentido y sería muy fácil de revertir en la justicia ordinaria.
Otra cosa es que, durante el juicio, se prueben o queden demostrados esos puntos en los que se habla de que al Valladolid, presuntamente, ya le habrían ofrecido una prima anteriormente por ganar. De ese hilo sí se puede tirar y encontrar un posible amaño deportivo. En uno de apuestas, castigar al club es poco menos que imposible si no puedes demostrar su conocimiento y participación en el delito.
¿Puede hacer algo ahora mismo la RFEF o LaLiga?
No. Ya lo han hecho ambos: denunciar y personarse en la causa. Cuando vayan a juicio formarán parte de la acusación. Cualquier otra medida, ahora mismo, sería más "formal" que práctica.
Cuando se abra el sumario, que sigue siendo secreto, la RFEF y LaLiga sí podrá abrir expedientes a todos aquellos implicados que tengan licencia federativa. La vicepresidente de Integridad de la RFEF, Ana Muñoz, lo resume así para MARCA: "En función de lo que aparezca en el sumario y particularmente en lo que se refiera a la participación de personas o entidades que tenga licencia federativa, la RFEF puede proponer al Comité de Competición la eventual apertura y suspensión de expedientes disciplinarios (que no se puede resolver a la espera de que termine el procedimiento penal). Esto se hace así para prevenir lo que pasó en la Operación Puerto. Se destapa todo, se inician actuaciones penales. La Fed. Ciclismo no abrió expediente a los ciclistas. Después no pudo hace nada la propia Federación porque no abrió en su día el procedimiento disciplinario. La RFEF abrirá expedientes y los dejará en suspenso para retomarlos cuando se resuelva la vía penal. Y ahí lo importante son los hechos probados, no condenados. Es decir:si se prueba que en los hechos ha participado gente con licencia, ahí entrará el Comité de Competición".
¿De qué plazos estamos hablado?
Es impredecible, pero nada a corto plazo. Nunca por debajo de un año. Depende, ahora mismo, de su el juez De Pedro quiere pedir más pruebas en la instrucción, de si va ya a juicio y de a qué Juzgado le toque llevar ese juicio. Además, las defensas de los investigados suelen retrasar estos tiempos excusando citaciones, retrasando comparecencias y dilatando lo más posible el suceso.
Cuando el juicio pueda, por fin, celebrarse, quedará después todo el proceso de recursos que presumiblemente tomarían los posibles condenados. Un ejemplo: el Levante-Zaragoza de 2011, que se denunció en 2013, todavía no ha llegado ni a juicio. Está previsto para septiembre de 2019. La Operación Oikos no es igual: aquí hay más pruebas y grabaciones de teléfono que son utilizables por el fiscal, pero vamos que un año y medio o dos no se los quita nadie...
¿Qué pasa con la SD Huesca?
Va a depender en gran medida del grado de implicación de su ex presidente, Agustín Lasaosa. Y del médico, el Dr. Galindo. Hasta qué punto su investigación por corrupción deportiva involucra al club, o no. El propio fiscal del caso aseguró que pensaba que esto era un caso de corrupción particular, dejando entrever que el club quedaría fuera como persona jurídica. Hay que ver hasta qué punto esto es así y cómo terminan cuando la Operación Oikos llegue a juicio.
¿La Policía podía haber avisado de esta situación antes del partido y suspenderlo?
Seguramente en el marco de la Operación Oikos hay escuchas muy relevantes (a lo largo de seis meses) y prima, por encima del partido puntual, el objetivo global de desmontar la trama de forma completa, antes de un partido en cuestión. Además, los tiempos no son esos: la Fiscalía y la Policía investigan, denuncian y es el juez el que toma esas medidas (que es lo que está haciendo ahora).
¿Pueden acabar en la cárcel algunos de los implicados?
Sin ninguna duda. Las penas van entre seis meses y cuatro años. Para alguno, como Aranda, no es la primera ocasión en la que tiene que responder de un tema de corrupción deportiva. La inhabilitación también es una realidad: entre dos y seis años sin tener nada que ver con el mundo del fútbol.
Va a depender en gran medida del grado de implicación de su ex presidente, Agustín Lasaosa. Y del médico, el Dr. Galindo. Hasta qué punto su investigación por corrupción deportiva involucra al club, o no. El propio fiscal del caso aseguró que pensaba que esto era un caso de corrupción particular, dejando entrever que el club quedaría fuera como persona jurídica. Hay que ver hasta qué punto esto es así y cómo terminan cuando la Operación Oikos llegue a juicio.
¿La Policía podía haber avisado de esta situación antes del partido y suspenderlo?
Seguramente en el marco de la Operación Oikos hay escuchas muy relevantes (a lo largo de seis meses) y prima, por encima del partido puntual, el objetivo global de desmontar la trama de forma completa, antes de un partido en cuestión. Además, los tiempos no son esos: la Fiscalía y la Policía investigan, denuncian y es el juez el que toma esas medidas (que es lo que está haciendo ahora).
¿Pueden acabar en la cárcel algunos de los implicados?
Sin ninguna duda. Las penas van entre seis meses y cuatro años. Para alguno, como Aranda, no es la primera ocasión en la que tiene que responder de un tema de corrupción deportiva. La inhabilitación también es una realidad: entre dos y seis años sin tener nada que ver con el mundo del fútbol.
Publicado en Marca.
