En Cuba persisten las vulneraciones al derecho a la libertad, a la seguridad y la integridad de las personas, a la protección contra la detención arbitraria y a la inviolabilidad del domicilio, pese a la llegada al poder del nuevo presidente Miguel Díaz-Canel y la promulgación de una nueva Constitución, señaló la CIDH.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) señaló que durante 2018 observó la existencia de dos acontecimientos relevantes en el contexto sociopolítico de Cuba, tales como el cambio de gobierno, en abril del año pasado, y el inicio del proceso de reforma constitucional.
Sin embargo, indicó que hubo diversos hechos que obstaculizaron el goce de los derechos participativos de las personas que están bajo la jurisdicción del Estado cubano, como restricciones arbitrarias al derecho de reunión, la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, y la negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobiernoTambién mencionó la persistente de las vulneraciones a la protección de las detenciones arbitrarias, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, a la residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial de personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, políticos y periodistas independientes.
El informe de la CIDH sobre Cuba 2018 fue presentado la víspera en Miami, Florida, en una sesión en la que se analizó la situación de los derechos y libertades en el país caribeño.
Al encuentro asistieron la relatora de Cuba en la CIDH, Antonia Urrejola y el embajador estadunidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, entre otros.
En el documento de 34 páginas, la comisión reiteró su preocupación por el empleo sistemático de las detenciones arbitrarias con métodos de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas. Señaló que entre enero y noviembre de 2018, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó dos mil 150 detenciones arbitrarias sumarias y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), registró dos mil 697 de estas detenciones en el mismo periodo. Los movimientos de las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Somos Más, Frente Orlando Zapata Tamayo, siguen siendo las organizaciones frecuentemente afectadas.
Lo tipos penales más utilizados en Cuba son acusaciones de atentado, desacato, peligrosidad social pre-delictiva, impago de multas, desorden público, resistencia o rebelión, y actividad económica ilícita. Con frecuencia, estas detenciones sumarias son acompañadas de agresiones físicas y verbales.
Además de que la CIDH observa el uso de tácticas represivas como los allanamientos de morada y confiscación de bienes, generalmente vinculados a imputaciones artificiosas o a causas penales de montaje; las indebidas restricciones de salida del país y al libre tránsito en el territorio; y la estigmatización y desprestigio.
Respecto al derecho a la circulación y residencia, la CIDH señaló que persisten las restricciones que impiden el ejercicio pleno a este derecho, tanto al interior del país como al exterior, en especial para los defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y comunicadores sociales que buscan asistir a conferencias y eventos internacionales.
También denuncian restricciones de movilidad al interior del país. De acuerdo con la comisión, durante 2018 se contabilizaron 112 casos (54 hombres y 58 mujeres) de restricciones arbitrarias de salida de Cuba. Por otra parte, en su apartado sobre garantías mínimas del debido proceso legal, la comisión señaló que “continúa preocupada” por la permanencia de la “pena de muerte como sanción” en un número significativo de tipos penales en Cuba, y advirtió que la pena capital está “prescrita”, en especial en delitos contra la seguridad del Estado. De acuerdo a la información que dispone la Comisión, la última vez que la pena de muerte fue aplicada en Cuba fue en el 2003.
En todo caso, considera que su vigencia en la legislación doméstica y potencial aplicación, constituye una amenaza latente, por lo que reiteró su llamado al Estado cubano a abolir este tipo de castigo.
En el apartado de violencia por el ejercicio de la libertad de expresión y la situación de impunidad, indicó que durante 2018, organizaciones no gubernamentales reportaron la continuidad de una política de hostigamiento por parte de las agencias de seguridad del Estado contra, entre otros, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y disidentes políticos. Según estas organizaciones, existiría en Cuba un “aumento de la represión” desde el año 2017, cuando el gobierno puso en marcha sus elecciones generales.
También reportó restricciones al derecho de manifestarse a través, por ejemplo, del uso de detenciones preventivas a fin de evitar que la persona participe de protestas, el uso excesivo de la fuerza en este contexto y la impunidad de estos casos. La CIDH señaló que también se ha denunciado que la población cubana enfrenta serios obstáculos para conectar y tener acceso a internet, por lo que llamó al gobierno de la isla para amplíe la conectividad “sin restricciones”.
En otro apartado, el informe expresó su preocupación por la persistencia de “deficientes condiciones de detención y graves violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas privadas de libertad en Cuba”, y dijo que “esta población se caracteriza por hacinamiento, condiciones deplorables de detención, malos tratos y hechos de violencia”. En tal sentido, la CIDH manifestó su preocupación por la falta de cifras recientes sobre las personas recluidas en las cárceles cubanas y recurrió a estadísticas que datan de 2012 en las que se registraba un total de 57 mil 337 casos, mientras organizaciones de la sociedad civil hablan de entre 60 mil y 70 mil. La CIDH reiteró su interés de realizar una primera visita “in loco” a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el “diálogo respetuoso” con el “Estado cubano”, a fin de brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido, en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos en la isla.
Reconoció y valoró las acciones llevadas a cabo para fomentar los derechos en Cuba y destacó la cooperación internacional que ofrece el pueblo cubano a los países de la región en materia de salud, educación, cultura, entre otros.
