El excomandante del Ejército colombiano, general Mario Montoya, fue sometido el miércoles (ayer), ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por cargos de ejecución extrajudicial de civiles, entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
Las acusaciones contra Montoya fueron incluidas en una investigación realizada en 2016 por la Fiscalía, en un proyecto para imputar al militar cargos ante la justicia ordinaria, la cual fue presentada ante la JEP y revelada por la emisora colombiana Blu Radio.
“La comandancia del general Montoya se caracterizó por la aplicación de una política de presión a las tropas para la obtención de resultados operacionales y privilegiando, dentro de esta, las muertes en combate”, indicó el documento de la Fiscalía, citado por la emisora.
Montoya sería responsable de la “deficiente implementación de mecanismos de control y la desatención, tanto de las alertas externas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, como de los lineamientos al interior de las Fuerzas Militares, con el fin de impedir la ocurrencia de estas conductas”, según el texto.
“Si bien las muertes en combate cuestionadas fueron en aumento desde 2002 hasta 2008, el aumento más significativo se da en los años en que Mario Montoya se desempeñó como comandante del Ejército, especialmente en los años 2006 y 2007”, con un alza de 128.8 por ciento, apuntó el reporte.
La investigación de la Fiscalía precisó que indicios similares se observaron antes, cuando Montoya en 2005 era jefe del Comando Conjunto Caribe, y se reportó el 61.4 por ciento de las muertes cuestionadas de todo el país.
“Con la llegada del general Montoya al comando del Ejército se generalizó en todo el país, y en unidades militares de todo tipo, la práctica de ejecuciones extrajudiciales”, según la Fiscalía.
De acuerdo con la pesquisa, Montoya sería responsable de estos casos por su permisividad frente a las ejecuciones extrajudiciales, por desatender su deber de prevención, control, vigilancia y sanción a sus subordinados, y por no implementar controles de protección a civiles.
Según el documento, desde mayo de 2006, Montoya recibió advertencias del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo y de la oficina de derechos humanos de la Presidencia.
La Fiscalía estableció que el militar, “en lugar de adoptar medidas en ese sentido, su ejercicio del mando se caracterizó por ejercer presión permanente por la obtención de resultados, los estímulos a quienes cumplían sus expectativas y críticas, escarnio y remoción del mando a quienes no las cumplían”.
Las evidencias recopiladas por la Fiscalía fueron entregadas a la JEP, ante la cual, el abogado Fernando Rodríguez, quien ha defendido a familias de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, consideró, en declaraciones a la emisora, que el militar debe ser imputado por la Fiscalía.
“Desde las organizaciones defensoras de víctimas que estamos al frente de los intereses de las madres de Soacha, consideramos de suma importancia los testimonios de varios comandantes de la brigada móvil 15 del Batallón Santander. No entendemos por qué la Fiscalía Tercera no ha imputado cargos".
