El equilibrio nacional se fundamenta en el concepto divisional de poderes. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial conforman un todo soberano y organizado. No es un capricho ni una coincidencia.
La historia nos ha enseñado que la concentración de poder en alguno de estos niveles de manera inequitativa lleva a desastres cuyas heridas no pueden sanar de un sexenio a otro e incluso de un siglo al otro.
¿Qué sucede cuando se debilita al poder judicial cuya función principal es la impartición de justicia? Mi pregunta viene al caso cuando hemos estado sufriendo bloqueos en la CDMX y área metropolitana a la que se han sumado ya algunos Estados de la República.
Si tenemos quien comande el gobierno, quien represente a la ciudadanía para transformar las demandas y necesidades en leyes que generen un Estado de Derecho, ¿quién puede estar encargado de aplicarlas?
La promesa de restablecer el orden en el país de la mano de un mando civil, sin una militarización entusiasmó a las mayorías, pero la decepción fue total cuando la esencia de la Guardia Nacional recayó en las fuerzas armadas del país.
Aún no terminábamos de entender el conflicto entre policías federales y gobierno cuando en pleno horario financiero se dio a conocer la renuncia del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Lo que más preocupa es la carta mediante la cual expresa los motivos por los cuales decidió abandonar el cargo.
Lo que pocos han mencionado es que dicha decisión fue al poco tiempo de aprobarse nuevamente la Partida Secreta, de la que casi no se habló.
Si bien dicho ministerio tiene la función de administrar los recursos financieros también tiene la obligatoriedad de distribución del gasto público.
Ya no sorprende que tanto gente externa al gobierno como gente que está dentro de la administración pública hable de la voluntad de unos pocos o de uno solo que se impone a la voluntad popular.
Si un mandatario y su gobierno es incapaz de respetar el Estado de Derecho entendiéndose como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.
Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal” que es tal y como lo define la Organización de la Naciones Unidas, si es así, entonces ¿quién podrá salvarnos?
Si un mandatario y su gobierno es incapaz de respetar el Estado de Derecho entendiéndose como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.
Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal” que es tal y como lo define la Organización de la Naciones Unidas, si es así, entonces ¿quién podrá salvarnos?
