Human Rights Watch (HRW) denunció que grupos armados cometen abusos aberrantes -trata de personas, reclutamiento de niños soldado o crímenes sexuales- contra los civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en la región de Catatumbo, noreste de Colombia.
En su informe publicado la víspera y titulado “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, la organización documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamiento forzado.
Todo esto cometido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), remanentes del rebelde Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo disidente que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los grupos armados intentan controlar a la población a través de amenazas, incluso contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, varios de los cuales han sido asesinados.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, indicó que mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las FARC en Catatumbo, cientos de civiles han quedado en medio de un conflicto brutal, en referencia a las luchas de poder entre el ELN, EPL y fuerzas disidentes de las extintas FARC.
Señaló que alrededor de 25 mil venezolanos que viven en Catatumbo, una subregión colombiana ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander, están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país.
En abril de 2019, HRW inició una investigación en Catatumbo en la que se recogieron testimonios de más de 80 personas, incluidas víctimas, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias.
De acuerdo con lo investigado, la violencia y los abusos han aumentado en el Catatumbo desde que las FARC se desmovilizaron en 2017 como parte de su acuerdo de paz con el gobierno.
Las autoridades colombianas no han tomado medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia, indicó HRW en su reporte publicado en su página web.
Alrededor de 40 mil personas han sido desplazadas de sus hogares en Catatumbo desde 2017, la mayoría durante 2018, debido a los abusos recibidos, lo que constituye desplazamiento forzado, mientras los grupos armados intentan reclutar a los civiles en sus filas, incluyendo niños menores de 12 años.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), 109 personas fueron asesinadas por grupos armados en Catatumbo en 2018 y nueve defensores de los derechos humanos desde 2017.
Los grupos armados en Catatumbo también han cometido secuestros, desapariciones y crímenes sexuales, incluso han obligado, con amenazas, a niños de apenas 12 años a sumarse a sus filas.
Hasta ahora, las autoridades colombianas no han logrado que se investiguen y castiguen los abusos cometidos por los grupos armados, a pesar de que la Fiscalía tenía hasta abril pasado más de 770 procesos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017.
En octubre de 2018, el gobierno colombiano creó una Fuerza de Despliegue Rápido para llevar cinco mil 600 militares más a Catatumbo, pero desde entonces se han denunciado numerosos comportamientos abusivos por parte de la fuerza pública en zona.
Por último, HRW urgió al gobierno de Colombia a adoptar estrategias de seguridad respetuosas de los derechos humanos que estén destinadas a proteger a la población civil, aumentar los esfuerzos y capacidades para investigar abusos cometidos por grupos armados y procurar obtener asistencia internacional para los desplazados.
