La Unión Europea (UE) sancionó este viernes a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Venezuela por “torturas” y otras “violaciones graves” de los Derechos Humanos, cuatro de ellos en relación con la muerte del militar Rafael Acosta.
“La UE decidió aplicar medidas específicas adicionales contra siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos”, indicó en un comunicado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, publicó Deutsche Welle.
Cuatro de los funcionarios sancionados están “relacionados con la muerte del capitán Acosta”, por presuntas torturas durante su detención, precisó el Consejo de la UE en otro comunicado, en el que señaló que las medidas incluyen tanto el congelamiento de activos ligados a esas personas como una prohibición de viaje.
Los sancionados en cuestión incluyen a Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Rafael Ramón Blanco Marrero, subdirector de la DGCIM; Rafael Antonio Franco Quintero, jefe de investigaciones de la DGCIM; y Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la unidad de Asuntos Especiales.
Según afirman los oficiales europeos, estos cuatro funcionarios están vinculados con la muerte en junio del militar Rafael Acosta Arévalo, que se encontraba detenido por supuesta implicación en el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
Otros tres sancionados “responsables de serias violaciones de derechos humanos” corresponden a Néstor Blanco Hurtado, mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Carlos Calderón, comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN); y Alexis Enrique Escalona Marrero, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT).
Los siete funcionarios venezolanos se unen a los 18 sancionados en 2018 por la UE, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar a los países del bloque, destacó Euronews.
El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, había solicitado la adopción de estas medidas en julio durante una reunión con sus homólogos, en base en el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El informe confirma “de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”, señala el Consejo.
