Aunque existe un nuevo gobierno, las estructuras de los aparatos de justicia y seguridad siguen defendiendo intereses oscuros y protegiendo a los perpetradores de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, opinaron defensores de derechos humanos.
Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), consideró que el desafío que tiene el nuevo gobierno es ver hasta dónde es posible desmantelar ese aparato de impunidad que, según él, existe dentro de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones encargadas de la seguridad.
Durante el conversatorio “A cinco años del caso Ayotzinapa”, organizado por la Universidad Iberoamericana, juzgó que ahora se están observando las consecuencias de investigaciones que fueron fabricadas, construidas a base de torturas y “estamos viendo que se está cayendo la verdad histórica.
El representante de los familiares de los jóvenes desaparecidos dijo que también se está desmantelando la telaraña de intereses, por lo que se debe llamar a cuentas a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República; Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero.
A su vez María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la liberación de Gilberto López Astudillo “El Gil”, uno de los principales acusados de la desaparición de los normalistas, es muy grave, en un contexto en el que se había creado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Con la existencia de Comisión se esperaba que los familiares de los desaparecidos pudieran empezar a trabajar con las instituciones del Estado, acabar con la impunidad y acceder a la verdad, en un caso en el que hasta el momento han sido liberados 77 de 142 detenidos, apuntó.
“ES PRECISAMENTE POR LA CREACIÓN DE ESE ANDAMIAJE Y POR LA GENERACIÓN DE NUEVOS CANALES DE DIÁLOGO CON LAS INSTITUCIONES Y CON EL GOBIERNO QUE RESULTAN TAN GRAVES LAS LIBERACIONES, PORQUE ERA CLAVE INICIAR ALGÚN TIPO DE ESQUEMA EN EL QUE, POR UN LADO, QUIENES ESTABAN DETENIDOS PUDIERAN DAR INFORMACIÓN DE ACUERDO A INCENTIVOS, LO QUE SE LLAMA COLABORACIONES EFICACES”, PLANTEÓ.
Las autoridades, subrayó, pudieron haber perfeccionado o volver a generar acusaciones en contra de quienes están y estaban detenidos en ese momento, por lo que es clave averiguar las irregularidades que se cometieron en la investigación de la antigua Procuraduría General de la República (PGR).
Puntualizó que quienes estuvieron involucrados en esa investigación tienen información sobre lo que estaba pasando”, e “investigar a quienes estuvieron a cargo de la investigación puede generar que haya nueva información”.
