El Tribunal Superior de España condenó ayer a nueve dirigentes catalanes por haber intentado, de forma unilateral, la independencia de Cataluña en 2017, en una sentencia histórica a un mes de las elecciones generales.
Los siete jueces de la máxima corte española apoyaron por unanimidad la sentencia condenatoria por sedición, pero descartaron el delito, más grave, el de rebelión, que supone hasta 25 años de cárcel, tras considerar que, a pesar de que hubo “indiscutibles episodios de violencia”, no fue suficiente para la secesión. Según la sentencia, el Estado mantuvo en todo el momento el control y la independencia se convirtió “en una mera quimera”.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, en precampaña de cara a las elecciones del 10 de noviembre, descartó que fuera a conceder un indulto, anticipándose así al candidato de la derecha y rival en las urnas, Pablo Casado, que rechazó cualquier amnistía, o al candidato de la ultraderecha, Santiago Abascal, que consideró una “vergüenza” que no fuesen acusados de rebelión los condenados, en prisión preventiva desde hace dos años, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
Tras conocer la histórica sentencia condenatoria, la Fiscalía española emitió una orden de captura contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica.
“VENGANZA”. Nada más conocerse la sentencia, decenas de miles de catalanes salieron a la calle para mostrar su ira por lo que consideran una “venganza” del Estado español contra el proceso secesionista.
El aeropuerto de Barcelona, el segundo más transitado de España, se convirtió en el epicentro de las protestas del movimiento secesionista contra la sentencia judicial, que movilizó a miles de personas, colapsando sus accesos y obligando a cancelar un centenar de vuelos.
Los agentes de la policía regional catalana (Mossos d’Esquadra) cargaron en varias ocasiones y dispararon proyectiles de espuma contra los manifestantes, algunos de los cuales replicaron con los extintores y las mangueras de extinción de incendios del aeropuerto.
El colapso de El Prat a causa de las protestas obligó a cancelar 108 vuelos durante la jornada de ayer y al menos otros 20 previstos para hoy, martes. Siguiendo las directrices de la plataforma “Tsunami democràtic” (“Tsunami democrático”), que llama a la desobediencia civil, miles de personas cortaron carreteras o protagonizaron disturbios como los ocurridos de noche en el centro de Barcelona.
El presidente catalán Quim Torra pidió por carta una reunión urgente con el rey Felipe VI, tras denunciar que el mundo debería tratar la sentencia como una “venganza de Cataluña contra el pueblo catalán”.
La primera reacción internacional a la sentencia fue la procedente de los gobiernos de Francia y Alemania, que consideraron lo ocurrido como un asunto interno de España.
