La Ley de Bienestar Animal de Quintana Roo, que prohíbe las corridas de toros, las peleas de gallos y el uso de caballos para jalar calesas, entró en vigor este martes, por lo que estos espectáculos no podrán realizarse más en la entidad.
El decreto fue publicado este lunes en el Periódico Oficial del estado, resultado de un amparo promovido por la asociación civil Opus Magnum, ante la dilación, toda vez que la Ley se aprobó en junio pasado y la presión de los galleros y empresarios taurinos, la mantenía frenada.
De acuerdo con los artículos transitorios del nuevo mandato, el gobierno del estado tiene seis meses, a partir de hoy, para expedir el Reglamento correspondiente, y los 11 ayuntamiento deberán expedir o en su caso armonizar sus reglamentos, con el contenido de la Ley, en el ámbito de sus competencias, en el mismo plazo.
También en seis meses, los propietarios o poseedores de caballos en calesas con fines turísticos deberán frenar ese tipo de explotación y retirarlos para ofrecerles "medidas de bienestar y trato digno", de conformidad a lo que mandata la nueva ley, que sustituye a la anterior, que data del 22 de mayo de 2013.
La Procuraduría de Protección al Ambiente, en coordinación con las asociaciones protectoras de animales, realizarán lo conducente para salvaguarda del equino, para su albergue y conservación" -se lee- " y en ningún caso la autoridad municipal podrá otorgar mayores u otros permisos para el uso de calesas con fines turísticos".
Flor Tapia, representante de la organización Opus Magnum México, celebró la entrada en vigor de la ley "como todo un logro ciudadano", pero enfatizó que fue publicada luego del amparo promovido en contra del gobierno estatal, al que se vencía el término ayer.
La demanda de amparo -1325/ 2019- se presentó el 21 de octubre pasado, ante el Juzgado Segundo de Distrito, contra la omisión de publicar el decreto que reformó la Ley.
Las autoridades demandas fueron el gobernador Carlos Joaquín; su secretario de Gobierno, Arturo Contreras y el director del Periódico Oficial, José Antonio Barón Aguilar, quien al rendir su informe justificado ante el juez, argumentó que "nunca" había recibido la instrucción para publicar el decreto ya mencionado.
El amparo fue notificado al ejecutivo del estado el 31 de octubre y se le dio como plazo 15 días para rendir su informe.
"El 25 de noviembre venció el término otorgado al gobernador del estado para rendir ese informe; de no hacerlo, según el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tendría por cierto el acto reclamado y el juez federal hubiera ordenado la publicación del decreto", expresó.
