La segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, debe asumir la Presidencia de Bolivia y su cometido es llamar a elecciones en un plazo máximo de noventa días, de acuerdo con las leyes de la nación andina, tras la renuncia del presidente, el vicepresidente, la presidenta del Senado y el jefe de Diputados.
La víspera todas las autoridades que forman parte de la cadena de sucesión constitucional renunciaron a sus cargos, en medio de la grave situación política y social que atraviesa el país sudamericano.
Bolivia se encuentra en una crisis política y en medio de un vacío de poder ante la duda de quien debe tomar el mando del país, ante la sucesión constitucional para ocupar la Presidencia boliviana que queda en un estado incierto.
La víspera el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, presidencia del Senado Adriana Salvatierra y el jefe de Diputados Víctor Borda, renunciaron a sus cargos, por lo que al frente del Ejecutivo quedaría quien fuera la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, lo que llevaría a Jeanine Áñez a asumir el cargo en medio de un vacío de poder.
La Constitución boliviana establece que la sucesión del mando nacional recae primero en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el jefe de Diputados, pero todos ellos renunciaron junto con Morales.
En tanto, la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Añez, reivindicó su derecho a asumir la presidencia de Bolivia de forma provisional y con el único objetivo de convocar a nuevas elecciones, destacó la cadena Unitel.
Áñez es licenciada en Ciencias Jurídicas y Derecho. Entre 2006 y 2008 participó en la redacción de la nueva Constitución de Bolivia, como asambleísta constituyente.
En el 2010 fue elegida como senadora por el partido del Plan Progreso para Bolivia.
Hasta este domingo, Bolivia fue gobernada durante casi 14 años por Evo Morales, quien se disponía a iniciar un nuevo mandato tras la elección del 20 de octubre.
Cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA), dicho ejercicio electoral fue tildado por la oposición de fraudulento, lo que, unido a la ola de protestas e inestabilidad social y a las amenazas a su familia y las de sus partidarios, obligó a Morales a tomar la decisión de renunciar como presidente.
