Sergio Pérez Hernández, diputado federal por el Estado de México del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), demandó crear el Pago de Derechos Ambientales, equivalente al 3.5 por ciento del pago de servicio de agua potable de la Ciudad de México, y advirtió que en caso de que la capital del país no acepte la medida, “podríamos dejarla sin agua en mayo”.
Pérez Hernández planteó que las comunidades mexiquenses afectadas por la extracción de agua potable que se lleva a la Ciudad de México deben recibir Pago por Derechos Ambientales, para resarcir los daños ambientales causados y fortalecer la capacidad financiera municipal para el desarrollo de infraestructura hidráulica a favor de sus habitantes.
El diputado de Morena advirtió que “las obras para la explotación de cuencas hidrográficas producen, generalmente, efectos negativos entre los sectores más pobres de la comunidad en las localidades donde se desarrollan, mientras que representan en muchas ocasiones jugosos negocios para particulares”.
Con el propósito de contrarrestar esas afectaciones, el legislador por el Estado de México anunció que presentará una iniciativa de ley para crear el Pago de Derechos Ambientales, que sería el equivalente al 3.5 por ciento del pago del servicio de agua en la Ciudad de México, para que ese recurso se destine para el beneficio de los municipios donde se extrae el líquido.
“Esto puede representar millones de pesos adicionales para fortalecer y beneficiar a la infraestructura ecológica e hidráulica de los municipios”, puntualizó.
Expuso el ejemplo del municipio de Almoloya del Río, donde, además de la afectación por la fuerte contaminación de la cuenca del Río Lerma, desde hace ocho meses el Gobierno del Estado de México y la Comisión de la Cuenca del Río Lerma pretenden realizar una obra de drenaje intermunicipal que conectaría a los municipios de San Mateo Texcalyacac y Santa Cruz Atizapán, para llevar las aguas negras a la población de Almoloya del Río.
Esta obra, advirtió el diputado mexiquense, no contempla un emisor o un lugar donde se descargue todas estas aguas negras, y se desconoce si la obra cuenta con los permisos necesarios y con el estudio de impacto ambiental.
“Sabemos que las plantas tratadoras de agua pueden ser un jugoso negocio para unos cuantos, por lo que, pedimos que en caso de que la obra se encuentre dentro de la legalidad y cuente con las autorizaciones ambientales, la planta tratadora, en dado caso de poderse realizar, sea operada por el municipio o bien por la Comisión del Agua del Estado de México”, expresó el Sergio Pérez.
Por último, llamó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar las investigaciones pertinentes sobre dicha obra, con el fin de detectar posibles irregularidades e incumplimientos con la normatividad en materia de descarga de aguas residuales, en el cauce del Río Lerma.
