Las mascarillas contra el coronavirus se han empezado a fabricar en algunas cárceles italianas, pero los detenidos no las llevan. El riesgo de que el coronavirus llegue a los centros de detención ha llevado al Gobierno italiano a aprobar salidas anticipadas para aligerar la población carcelaria.
Tras la difusión del coronavirus y la prohibición en las cárceles de las visitas, estallaron varios motines que dejaron 11 muertos.
El Gobierno decidió incluir en el último decreto "Cura Italia (Cuida Italia) la puesta situación de arresto domiciliario para aquellos reclusos a los que les queden menos de 18 meses para concluir su condena.
LIBERTAD PARA 6.000 PRESOS
Hasta el 30 de junio de 2020, los presos que tienen que cumplir una condena o una sentencia residual de hasta 18 meses podrán ser ubicados en situación de arresto domiciliario.
La disposición establece además que para los presos que tienen que cumplir una pena de entre 7 y 18 meses, es posible también recurrir al brazalete electrónico. En total serán unos 5.000 o 6.000.
No todos los detenidos podrán beneficiarse de esta medida, están excluidos aquellos que han sido condenados por corrupción y soborno, detenidos sujetos a vigilancia especial, delincuentes habituales o aquellos que no tienen domicilio real, entre otros.
A los detenidos que se encuentran bajo el régimen de semilibertad se establece que se les otorgarán licencias hasta el 30 de junio de 2020. Esto permitirá liberar los dormitorios dedicados a las personas bajo semilibertad creando espacios para las necesidades internas de los centros penitenciarios.
La medida ha sido duramente criticada por la policía de prisiones y por algunos políticos como el exministro del Interior Matteo Salvini, que lamentó que cuando se pide que se cierren las puertas "se abran las cárceles a 5.000-6.000 detenidos (que fueron) condenados por traficar o robar".
"Están más protegidos dentro de las cárceles que fuera", agregó Salvini.
SIN MASCARILLAS PARA PRESOS Y AGENTES
Por el momento, el Departamento de Administración de Prisiones informó de que algunos reclusos han dado positivo de COVID-19 -los medios informaron de 10- pero que "no habían entrado en contacto con el resto de la población detenida" ya que eran recién llegados.
Los sindicatos de los funcionarios de prisiones denuncian que no han llegado las más de 100.000 mascarillas que habían prometido y que se encuentran sin ellas y sin desinfectante.
Pero además denunciaban que en algunas prisiones como las de Turín, Pésaro o Verona no dejan a los agentes ponerse la mascarilla "para no crear alarmismo entre los presos" después de los últimos motines.
El Garante nacional de los derechos para las personas detenidas explica que en todas las prisiones se están creando espacios para el aislamiento sanitario en caso de que haya algún supuesto positivo y para que se mantenga en cuarentena a los nuevos ingresos.
"La situación de las cárceles piamontesas es cada vez más difícil después de las primeras infecciones por coronavirus", explica a los medios el secretario general del Sindicato de la Policía Penitenciaria (Spp), Aldo Di Giacomo, quien informó de "tres casos de colegas en servicio (que dieron) positivo, a los que se debe agregar un preso".
"Son necesarias medidas extraordinarias para bloquear y observar la infección. La única medida tomada (celdas de aislamiento para los recién llegados) no es del todo satisfactoria", explica Di Giacomo.
El ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, anunciaba en las redes sociales que se han montado ya otros 40 puestos o dispensarios de campaña para efectuar controles sanitarios tanto al personal de prisiones como a los nuevos detenidos y que ya son 120 centros los que disponen de ellos.
LAS CÁRCELES PUEDEN CONVERTIRSE EN UNA BOMBA SANITARIA
Para la asociación Antigone, que se ocupa de los derechos y garantías en el sistema penitenciario,"la situación en las cárceles es dramática. Las medidas, obviamente, son insuficientes para responder a las necesidades extremadamente graves y urgentes que la situación requeriría"
"Las cárceles corren el riesgo de convertirse en una bomba sanitaria que puede afectar el patrimonio del sistema nacional de salud", explican
Señalan que de las personas que viven en prisión, el 67% tiene ya alguna enfermedad previa, lo que podría hacer necesario recurrir a la hospitalización en las unidades de cuidados intensivos.
Por lo tanto, la intervención urgente no es un regalo para los presos, sino una necesidad lógica e indispensable para proteger la salud pública", añaden.
Además, tras la prohibición de las visitas, la asociación pide que se facilite la comunicación de los presos con las familias con teléfonos, whatsapp o skype, pues "los familiares de los presos no han sabido nada sobre sus seres queridos durante días".
