La pandemia por COVID-19, sumado a la violencia y a las precarias condiciones laborales, es un frente más que las y los periodistas deben sortear para garantizar el derecho a la información.
El 31 de marzo el Gobierno federal, por medio de la Secretaría de Salud, publicó el listado de actividades consideradas esenciales, es decir, que se mantendrían durante la contingencia sanitaria por COVID-19, entre ellas, las realizadas por los medios de información.
La pandemia significó un reto para el periodismo; sin embargo, no todas las empresas tomaron las medidas para proteger la salud de sus reporteras y reporteros, quienes desde antes, en su mayoría, ya trabajaban sin derechos laborales.
En la mesa de diálogo “Reportear en tiempos de COVID-19”, organizada por Cencos, la reportera Neldy San Martín comentó que algunos medios tomaron medidas como permitir el trabajo desde casa, pero hubo quienes no tomaron previsiones y además exigieron a las y los periodistas permanecer en calle recopilando testimonios, audios o imágenes.
San Martín también advirtió que hubo empresas mediáticas que ante la crisis económica redujeron el salario del personal un 25 o 30 por ciento; y en algunos casos pidieron firmar un documento donde se dice que el recorte solo será solo durante el mes de mayo.
A su vez la fotoperiodista Sashenka Gutiérrez coincidió en la mesa de debate en que unos medios ofrecieron medidas, por ejemplo, protocolos de seguridad ante la pandemia, aprovechando la experiencia de otros países, con recomendaciones básicas como usar telefoto para no acercarse a las personas o les entregaron caretas y gel antibacterial.
En este contexto, hubo periodistas que decidieron renunciar priorizando su salud, debido a que no tienen garantizada su seguridad física, económica ni mental; otros que decidieron continuar su trabajo con sus propias medidas y mujeres periodistas que tomaron la oportunidad de trabajar en casa y asumir las tareas de cuidado de hijas e hijos y de limpieza del hogar.
La falta de seguridad social para periodistas durante esta pandemia se hizo presente el 25 de marzo, cuando en conferencia de prensa el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mauricio Hernández Ávila, anunció un permiso de incapacidad para los afiliados al IMSS.
En su participación, el funcionario preguntó cuántos periodistas tenían seguridad social y se sorprendió al ver que menos de 30 por ciento de los presentes la tenían. Además, llamó a reclamar esta prestación porque “el periodismo es una ocupación de resigo: ustedes están en sitios concurridos”, dijo.
Las directrices de atención a la pandemia de Naciones Unidas reconocen que la salud humana también depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a la familia y a la comunidad.
El derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos, en todas partes, y sólo puede estar sujeto a restricciones limitadas, expone Naciones Unidas.
Sin embargo, durante la contingencia el periodismo sigue enfrentando violencia. Durante la fase 1 y 2 de la epidemia de COVID-19 se registraron 29 casos de violencia contra mujeres periodistas, 7 de ellos relacionados directamente con la cobertura de la crisis sanitaria.
El Programa de Libertad de Expresión y Género, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), documentó que las periodistas han sido atacadas y estigmatizadas por indagar sobre el actuar de las autoridades de salud en la atención de la pandemia.
El análisis de CIMAC muestra que entre marzo y el 21 de abril, durante la fase 1 y de la 2 de la emergencia, los estados donde se registraron más ataques fueron la Ciudad de México con 10; Veracruz con 4; y Puebla y Oaxaca con 3 cada uno.
Por otra parte, los organismos internacionales aseguran que es esencial que los gobiernos y las empresas de internet aborden la desinformación por sí mismos en primer lugar proporcionando información fiable y difundiendo mensajes públicos sólidos.
Sin embargo, en abril la Red Puebla de Periodistas expresó su preocupación por la iniciativa presentada por la diputada Nora Merino Escamilla y el diputado Gabriel Biestro Medinilla, para reformar el artículo 165 del Código Penal del Estado, y sancionar a las personas que difundan noticias falsas, lo que podría generar censura o sanciones desproporcionadas.
En esta pandemia una prensa libre siempre es esencial, por eso Naciones Unidas ha declarado que en lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias; por otro lado defensores de la libertad de prensa agregan que las personas encargadas de investigar e informar también deben ser protegidas de la violencia.
