Un tribunal de enjuiciamiento declaró culpable de homicidio culposo a Mónica García Villegas, la dueña y exdirectora de un colegio privado cuyo derrumbe en el sismo de 2017 en Ciudad de México provocó la muerte de 19 niños y siete adultos, informó la Fiscalía capitalina.
Tras obtener un fallo condenatorio por los delitos de homicidio culposo y de Responsabilidad de Director Responsable de Obra o Corresponsables, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México solicitó 57 años de prisión contra García, propietaria del colegio Rébsamen.
Una vez emitido el fallo condenatorio que ya pesa sobre García, también conocida como “Miss Moni” otro tribunal determinará la pena aplicable, que según reporta la prensa local en declaraciones de su abogado, podría alcanzar entre dos y cinco años de cárcel por cada una de las 26 víctimas mortales del suceso.
La propietaria del colegio estaba acusada de haber construido en el recinto sin autorización; el edificio, además, presentaba daños estructurales desde el 2010 por la demolición de un piso.
La audiencia para dictar el fallo condenatorio, informaron los medios locales, duró 14 horas, y también participaron en ella padres y familiares de los menores de edad fallecidos.
“Cabe resaltar que la procesada no sólo era la directora general del colegio privado, sino que también ejercía como socia mayor y administradora de las sociedades civiles, que abarcaba desde la educación preescolar a la instrucción secundaria”, destacó la Fiscalía.
El Ministerio Público pudo “demostrar que la mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción en cuanto al número de niveles ni el tipo de uso de suelo autorizado en la zona, lo que puso en riesgo a la comunidad educativa que le correspondía proteger”.
El derrumbe ocurrió en el sismo del 19 de septiembre de 2017 – que se llevó la vida de 369 personas en total y 228 solo en la capital- y García se dio a la fuga en diciembre de ese mismo año, hasta que en mayo de 2019 fue capturada en un restaurante en el sur de Ciudad de México.
Sobre ella pesaba una orden de búsqueda y captura en 190 países, después de que la Interpol emitiera una ficha roja a solicitud de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
